El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, afirmó que la reciente destitución de cinco integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tendrá repercusiones en los contratos vigentes ni en las gestiones energéticas que actualmente se desarrollan en la isla.
Colón indicó que, aunque haya modificaciones en la estructura de la JSF, el Gobierno de Puerto Rico sigue teniendo la habilidad para proteger y gestionar los intereses del país en el ámbito energético. Enfatizó que las tareas fundamentales, como asegurar el abastecimiento de combustible, la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad energética, continuarán avanzando sin interrupciones, dado que son obligaciones que no puede delegar el Ejecutivo.
El funcionario destacó que los proyectos en marcha, así como las negociaciones relacionadas con la infraestructura y el abastecimiento energético, no se verán interrumpidos por las modificaciones en el organismo fiscal. Según precisó, las determinaciones sobre políticas y contratos del sector seguirán basándose en criterios técnicos y en el interés público.
Un asunto que ha captado más interés es el acuerdo con la compañía New Fortress Energy (NFE), encargada de manejar el único puerto de gas natural en el norte de Puerto Rico desde el 2018, gracias a un contrato de arrendamiento de muelle. Colón ha puesto en duda la legitimidad de este acuerdo, argumentando que debería haber sido revisado por la JSF anteriormente, lo que podría significar que podría ser invalidado.
Pese a estas observaciones, el funcionario aseguró que el acuerdo con NFE continuará ejecutándose conforme a lo pactado y que el Gobierno explora opciones para diversificar la entrada de proveedores y reducir la dependencia de un solo operador. Según explicó, este objetivo busca fortalecer la seguridad energética y generar condiciones más competitivas para el mercado local.
El debate sobre los contratos energéticos también se intensificó después de que un acuerdo propuesto con NFE para el suministro de gas natural licuado por 15 años fuera rechazado por la JSF. Este contrato, que incluía cláusulas consideradas desfavorables para el Estado, fue retirado del proceso por la Oficina de Alianzas Público-Privadas (3PPO). Colón detalló que los términos presentados fueron “impuestos” y no resultado de una negociación abierta, lo que motivó la decisión de no avanzar con la iniciativa.
El representante subrayó que la partida de los integrantes de la JSF no implica una falta de control en los procesos de energía y que la Administración sostendrá una posición decidida para asegurar que las inversiones y contratos satisfagan las necesidades de la ciudadanía y no intereses foráneos.
En este contexto, Colón reiteró que el Ejecutivo seguirá impulsando políticas para asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, optimizar la generación y fortalecer la infraestructura. También recalcó que las transformaciones en el sector energético se implementarán con transparencia y bajo un marco regulatorio que priorice el bienestar colectivo.
De esta manera, la administración busca transmitir un mensaje de estabilidad y continuidad en medio de un escenario fiscal que, pese a sus cambios, no modificará la hoja de ruta trazada para el sector energético de Puerto Rico.
